La investigación sobre bandas narco que operan desde la cárcel revela una compleja interacción entre el servicio penitenciario y la justicia.
La justicia autoriza el uso de teléfonos celulares para que los presos se comuniquen con sus familias, argumentando la distancia de los penales federales. Sin embargo, estos teléfonos son frecuentemente utilizados para seguir comandando actividades delictivas.
El negocio de los teléfonos dentro de las cárceles es lucrativo, con presos alquilando dispositivos a compañeros o incluso contando con la complicidad de empleados penitenciarios. La falta de control efectivo sobre el uso de estos celulares agrava la situación.
Se cuestiona la falta de soluciones para controlar las comunicaciones desde los penales, a diferencia de sistemas anteriores como los teléfonos públicos con tarjetas, que ofrecían un mayor control.