El escenario político español se encuentra marcado por una creciente tensión entre el poder político y el sistema judicial. Las discusiones nacionales se han centrado en los tribunales, con procesamientos, investigaciones y fallos judiciales alimentando un fuerte clima de confrontación.
Existe la acusación de que la justicia podría estar siendo utilizada como herramienta política (lawfare). Sectores del gobierno de Pedro Sánchez sostienen que ciertas investigaciones responden a intereses políticos, mientras que la oposición argumenta una creciente judicialización de la actividad política.