En México, los activos asegurados por las autoridades contra el crimen organizado son administrados por organismos públicos que pueden venderlos o subastarlos. Sin embargo, este sistema ha enfrentado críticas por demoras y corrupción.
Italia, en cambio, ha implementado una política de Estado de reutilización social de bienes confiscados a la mafia. Antiguas propiedades criminales se han transformado en cooperativas, centros comunitarios y escuelas, generando beneficios para la sociedad.