La confianza de los ciudadanos en la independencia del sistema judicial español está en entredicho. Existe una percepción generalizada de que las decisiones judiciales pueden verse influenciadas por intereses políticos, lo que deteriora la credibilidad de las instituciones.
Este fenómeno se ve agravado por el sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y las prolongadas disputas políticas para renovar dicho organismo, generando la imagen de una justicia excesivamente vinculada a los enfrentamientos partidarios.