Se denunció un presunto gasto excesivo y sádico del gobierno de Milei en operativos de represión contra jubilados, a pesar de la supuesta falta de fondos para áreas como salud, educación y CONICET.
Según datos del Centro de Estudios Leales y Sociales, en 2025 se gastaron 2.087 millones de pesos en operativos de represión a jubilados. Cada operativo habría costado un promedio de 48 millones de pesos, con un total de 43 operativos realizados en el año.
En estos operativos se desplegaron 39.386 efectivos de fuerzas federales. Se criticó que, mientras el gobierno alega no tener dinero para áreas sociales, sí destina grandes sumas a reprimir a personas indefensas.
Los resultados de esta represión incluyen 501 heridos de bala y la imputación de cuatro agentes federales. Se cuestionó la diferencia entre la cantidad de efectivos desplegados y los pocos que son procesados judicialmente, sugiriendo que la justicia debería investigar a los mandos superiores.