Se cuestiona la aplicación de la ley y los procedimientos judiciales en casos de abuso sexual, especialmente cuando existen pruebas contundentes como el ADN positivo.
Se critica la tendencia a usar lenguaje condicional ("habría", "sería") al referirse a delitos probados, en contraposición a la contundencia de la evidencia. Se menciona el fallo Campillay de 1986 como precedente para la cautela periodística, pero se argumenta que la prueba del ADN es irrefutable.
El caso de Alberto Martín del Valle, violador de una nena de 11 años en Puan, se presenta como un ejemplo de cómo la justicia parece no actuar con la celeridad y contundencia necesarias, a pesar de las pruebas.