Se plantea un debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, específicamente en el caso de un padre condenado a la silla eléctrica por asesinar a su hijo, comparándolo con casos de violencia de género en Argentina.
Se cuestiona la selectividad de la justicia y el activismo de los colectivos feministas, preguntando si actúan de manera similar ante casos de violencia que involucran a mujeres o niñas, como el ocurrido en Chaco.
La discusión se centra en la aparente disparidad en la respuesta de la justicia y los movimientos sociales ante diferentes tipos de violencia, sugiriendo una falta de coherencia en la aplicación de la ley y en la priorización de casos.