La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta cuestionamientos por parte de Abelardo de la Espriella, quien no tiene una visión positiva de esta entidad. Sin embargo, se prevén barreras jurídicas importantes para su posible eliminación, protegiendo los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, así como el cumplimiento de los acuerdos estatales.
La JEP investiga, juzga y sanciona delitos cometidos durante el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. La postura de De la Espriella sobre la JEP y la posible exclusión de figuras clave como María Corina Machado y Edmundo González en las negociaciones en Venezuela plantean interrogantes sobre el futuro de la institucionalidad y la democracia en ambos países.