Se propone una reforma a la ley de tierras rurales. La norma actual, de 2011, restringe la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que se considera perjudicial para el desarrollo productivo del país. La ley busca eliminar las restricciones generales y los topes arbitrarios, como el de mil hectáreas en zona núcleo, que impiden la realización de proyectos millonarios.
La iniciativa busca atraer inversiones, especialmente en los sectores forestal, industrial y en las provincias del NEA, Cuyo y la Patagonia. Se argumenta que Argentina creció gracias a la inmigración que invirtió y produjo en el país, y que cerrar las puertas a nuevos inversores es contraproducente.
La reforma también propone endurecer los controles sobre Estados extranjeros y sus empresas, diferenciándolos de los inversores privados. Si bien actualmente pueden comprar hasta mil hectáreas libremente, con la nueva ley requerirán autorizaciones específicas.