Se propone modificar la ley de tierras rurales de 2011, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros y obstaculiza el desarrollo productivo.
La nueva ley busca levantar restricciones generales y endurecer los controles sobre Estados extranjeros y sus empresas, requiriendo autorizaciones para la compra de tierras.
Se argumenta que Argentina se desarrolló en parte gracias a la inversión extranjera y que es necesario fomentar la producción y la generación de empleo.