El editorial critica duramente la postura de Pichetto respecto a la condena de Cristina Fernández de Kirchner, calificando sus declaraciones de "barbaridades antidemocráticas".
Se cuestiona el pedido de Pichetto de un "tratamiento especial" para la ex presidenta, argumentando que viola el principio de igualdad ante la ley y que ella es la "máxima ladrona de Estado".
Se expone la argumentación de Pichetto sobre la "gravedad institucional" y la posibilidad de que el Congreso anule el fallo de la Corte Suprema, lo cual es interpretado como un intento de generar caos institucional.