El comisario Gómez argumenta que ante la ausencia del Estado en materia de seguridad, los ciudadanos tienen derecho a armarse para su defensa. Señala que el Estado proporciona herramientas como rejas, cámaras y la posibilidad de obtener permisos para portar armas.
Recomienda enfáticamente la portación de armas como una medida necesaria ante la delincuencia, aunque reconoce que no a todas las personas les gustan las armas y que su posesión también implica riesgos dentro del hogar.
Se enfatiza la importancia de la educación y capacitación adecuadas para el manejo de armas de fuego, asegurando que solo personas idóneas y preparadas las posean.