Se investiga una usina de facturas apócrifas donde un policía federal reclutaba personas indigentes. A estas personas se les pagaba entre 5 mil y 10 mil pesos para que cedieran sus nombres, apellidos y documentos para la emisión de facturas fraudulentas.
La defensa de los implicados alegó que se trataba de un plan social denominado "facturas para todos", pero el fiscal no estaría convencido de esta versión. Se estima que la suma defraudada ascendería a diez mil millones de pesos.