Se cuestiona la legalidad de la exportación de anguilas, ya que los documentos indican que deben ser liberadas en el entorno natural y no destinadas al consumo.
Se observa que, a pesar de la prohibición del uso particular de anguilas protegidas, varias personas las compran para sus estanques privados.
Se plantea la duda sobre quién falsificó los documentos de destino de las anguilas y por qué, y se menciona la dificultad para entender las normas de repoblamiento de la UE.