La investigación sobre el patrimonio de Martín Insaurralde se expande, involucrando a Priscila Ferrante, sobrina de Jessica Sirio, como posible testaferro. Se sospecha que Ferrante podría haber ocultado bienes tanto de Eber Russo, vinculado a facturas apócrifas, como del propio Insaurralde. La justicia busca determinar la procedencia de las propiedades y vehículos, y el período investigado, que abarca de 2014 a 2017.
Se critica la aparente protección judicial y policial, y se cuestiona la lentitud de la investigación. Se menciona la relación de Insaurralde con Kicillof y el manejo de la "plata del juego" en la provincia de Buenos Aires, sugiriendo posibles acuerdos políticos que habrían frenado investigaciones anteriores. El "escándalo del barco bandido" y la designación de personal por parte de Máximo Kirchner también son mencionados en el contexto.