Por primera vez en su historia, un gobierno israelí anunció que no cumplirá un fallo de la Corte Suprema, desatando una crisis institucional sin precedentes. El gabinete de Benjamin Netanyahu votó unánimemente rechazar una decisión del máximo tribunal sobre la autoridad de radio y televisión, un caso que escaló hasta convertirse en una amenaza al Estado de Derecho.
El fallo involucraba la compra de un canal de televisión por un grupo crítico del gobierno. El ministro de Justicia, Levin, defendió la decisión, pero la oposición y parte del establishment la consideran una amenaza a la unidad nacional. El presidente Isaac Herzog advirtió que desobedecer al tribunal cruza una línea roja, mientras la procuradora general alertó sobre la socavación de los principios del Estado de Derecho.
El ex primer ministro Naftali Bennett calificó la situación como un peligro directo para el Estado de Israel. El líder de la oposición, Gaby Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor y legislador, se perfila como principal candidato para desbancar a Netanyahu, basando su creciente figura en su pasado militar, discurso moderado y distanciamiento del primer ministro tras el 7 de octubre.
Eisenkot, cuya familia ha sufrido pérdidas en combate, declaró públicamente que su hijo y otros soldados murieron por consideraciones políticas del gobierno de Netanyahu. Renunció al gabinete de guerra denunciando la falta de estrategia para el retorno de rehenes. Hoy, en un país con crisis constitucional, posguerra y campaña electoral, Eisenkot representa una posibilidad de cambio, mientras Netanyahu enfrenta sus causas judiciales y un país dividido.