Se discute la pérdida de ciertos derechos y la adquisición de obligaciones al ingresar a la fuerza policial, ejemplificando con la prohibición de entrada a casinos, incluso franco de servicio.
Se critica que el Ministro de Seguridad, representante de los policías ante el Poder Ejecutivo, no parece priorizar sus necesidades en la discusión del presupuesto.
Se señala que esta situación no es exclusiva de un gobierno, sino una constante a lo largo de distintas gestiones.