Se continúa analizando la actuación del juez Martínez de Giorgi en el procesamiento del periodista por discriminación religiosa.
Se pone de manifiesto la contradicción entre la opinión del fiscal Taviano, quien consideró que no existía delito, y la decisión del juez de procesar al periodista y cambiar la carátula de la causa.
Se cuestiona la legitimidad de un juez para modificar la imputación o la carátula de un caso, argumentando que su rol es observar y decidir en base a las pruebas presentadas por la fiscalía o la querella.