La apertura de importaciones ha generado una baja en el precio de la ropa y la indumentaria, beneficiando a los consumidores que antes debían pagar precios significativamente más altos por productos nacionales. Esto ha llevado a una disminución de la inflación en este rubro.
Sin embargo, esta medida tiene un correlato negativo en la pérdida de puestos de trabajo en la industria textil nacional. Se plantea el debate sobre el rol del Estado para equilibrar la competencia y evitar la especulación de empresarios locales, protegiendo tanto al consumidor como a la industria nacional.