Se debate la línea entre libertad de expresión y delito en el contexto de un editorial sobre extremismo islámico.
El abogado del periodista argumenta que la denuncia por incitación a la violencia o delitos es improcedente, ya que se trató de "dichos personales" en un canal de YouTube. Señala que el derecho penal es la "última ratio" y existen otras vías como el amparo o el derecho a réplica.
Se menciona que el fiscal Taviano se apartó de la acusación, considerando que no había delito. Sin embargo, el juez de Giorgi procesó al periodista, lo que genera cuestionamientos sobre la actuación judicial.