Se comparó la situación actual con el accidente de Once, donde funcionarios como Esquiabi y Jaime fueron condenados, resaltando la responsabilidad penal de quienes ocupan cargos públicos.
Se argumentó que los funcionarios de áreas como desarrollo social o salud también son responsables de muertes por negligencia, al no garantizar los recursos necesarios para la población.
Se cuestionó la falta de una política madura en Argentina que aborde temas como la muerte digna y la asistencia a quienes padecen enfermedades sin recursos.