Se profundiza en las irregularidades del proceso judicial que lleva adelante el juez Martínez de Giorgi contra el periodista.
Se critica el rol del juez, quien investiga, procesa y cambia la carátula del delito, cuando su función debería ser la de un observador imparcial. Se resalta que el fiscal Taviano consideró que no había delito, pero el juez insistió en procesar al periodista.
Se señala que el juez cambió el delito de "instigación a la violencia pública" a "discriminación religiosa", un delito excarcelable, lo que genera dudas sobre la motivación de la decisión judicial.