La justicia ha corroborado que Alberto Fernández es responsable de delitos vinculados a la violencia de género contra Fabiola Yáñez, incluyendo lesiones leves, graves, coacción y abuso de autoridad. Los hechos iniciaron antes de su presidencia y continuaron durante su mandato, agravando la situación de la ex primera dama.
La defensa de Fernández intentó anular la investigación, cuestionando al juez Julián Ercolini y logrando un cambio al juez Daniel Rafecas. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones rechazó la nulidad, confirmando la investigación pero solicitando nuevas medidas de prueba, a pesar de que el fiscal ya había dictaminado el cierre.
La estrategia de la defensa se centró en desacreditar a Yáñez, sugiriendo que sus acusaciones eran fabricadas y que los golpes recibidos eran autoinfligidos. A pesar de la reticencia inicial, la entrega de su celular no aportó información nueva relevante.
La causa sienta un precedente al llevar a un expresidente a juicio por delitos de violencia de género, destacando la importancia de no cuestionar la denuncia de la víctima y la simetría de poder en estos casos. Fernández busca ganar tiempo con la decisión de Rafecas de solicitar más pruebas.