La Corte Suprema de Estados Unidos ha otorgado al gobierno de Donald Trump mayor poder en materia migratoria al permitirle revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que afecta a unos 350,000 haitianos que residen legalmente en el país. La decisión deja en limbo a estos inmigrantes, quienes ahora enfrentan un riesgo inminente de deportación.
La administración Trump argumenta que Haití es un país seguro para el retorno de los haitianos, una postura que ha sido refutada por la comunidad haitiana en Estados Unidos. Quienes poseen el TPS temen ser deportados a un país sumido en una profunda crisis humanitaria, agravada por el terremoto de 2010 y la actual inestabilidad. Organizaciones de derechos humanos califican la decisión como un error y una violación de derechos humanos, señalando que Haití enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo, con altas tasas de homicidio, desplazamientos internos e inseguridad alimentaria.
Además, se advierte que los haitianos deportados podrían ser considerados "haitianos blancos" en su país, lo que los expondría a secuestros, extorsión y violencia. La esperanza de la comunidad haitiana reside ahora en el Congreso, donde se debate un proyecto de ley para extender el TPS hasta 2029, ya que las opciones legales en los tribunales son limitadas.