Se debate sobre la legalidad y pertinencia de la custodia de Manuel Adorni. Se explica que los funcionarios tienen derecho a custodia por ley, pero al dejar el cargo, solo un juez puede ordenarla, salvo excepciones como presidente o ministro de seguridad.
Se cuestiona la falta de una investigación administrativa interna por supuestos favores ilegales solicitados a empleados, a pesar de que inicialmente se había anunciado. Se sugiere que la custodia de Adorni podría ser un intento de "casta" por protegerlo y evitar que hable, y que quien la dispuso podría enfrentar problemas judiciales.
Se compara la situación con otros casos donde las custodias fueron ordenadas por jueces tras denuncias, mientras que Adorni no ha presentado amenazas formales. Se critica el uso de recursos públicos para mantener esta custodia, considerándola ilegal y un abuso de poder.