Se recordó que el Código Penal argentino penaliza el atentado y la resistencia a la autoridad, estableciendo penas de prisión que pueden agravarse en ciertos casos.
Se criticó el alto costo económico y logístico de movilizar a cientos de policías para contener a un grupo reducido de personas que generan disturbios, afectando la normalidad y la seguridad en la ciudad.
Se expresó frustración por la incapacidad de disfrutar de momentos de alegría sin que terminen en violencia y destrozos. Se describió la situación como una muestra de "semestra al raterismo con lo biológico y lo político" y marginalidad.
Se hizo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de que la autoridad sea respetada y que los infractores sean sancionados de acuerdo a la ley.