En Venezuela, tras un fuerte terremoto, se ha generado preocupación por la obligatoriedad de que los residentes regresen a edificios que aún presentan riesgos. Se estima que 10.700 personas están alojadas en 79 campamentos temporales, con planes de que estos funcionen solo por un mes, dejando un futuro incierto para los damnificados.
La situación es calificada como insostenible, y surge la pregunta sobre la falta de aprendizaje de las autoridades ante la tragedia. Existe temor entre la población vulnerable a expresar sus opiniones o aparecer en cámara por posibles represalias, lo que evidencia una falta de democracia y libertad.
La solidaridad comunitaria ha sido un pilar fundamental, con vecinos colaborando y proveyendo alimentos, como sándwiches, a quienes lo necesitan. Sin embargo, la incertidumbre sobre el destino de las personas una vez que cierren los campamentos temporales genera inquietud, y se especula si el gobierno espera que la cobertura internacional disminuya para actuar.