Valentina Bassi explicó que la ley 24.901 garantiza el acceso a terapias y apoyos para personas con discapacidad, financiados por obras sociales, prepagas o el Estado (Incluir Salud). Sin embargo, denunció que el Estado solo cubre el 16,5% de los costos, y que las obras sociales y prepagas pagan aranceles muy bajos, beneficiándose del sistema.
Bassi señaló que el ministro de Salud, Mario Lugones, estaría favoreciendo a estas entidades privadas. La falta de pago desde diciembre ha llevado a centros de día y hogares al borde de la quiebra, afectando gravemente a las personas con discapacidad más vulnerables.