El empresario Marcelo Porcel enfrenta un pedido de elevación a juicio oral por supuesto abuso de 10 menores, pero busca dilatar el proceso solicitando un juicio por jurados y el traslado de su causa a la justicia local.
A pesar de estar procesado e investigado, Porcel no se encuentra detenido y utiliza su poder económico y político para entorpecer el avance de la causa, utilizando una tobillera electrónica que le permite moverse con cierta libertad.