El segmento expone la grave situación en el Partido de la Costa, donde el avance del mar ha provocado la destrucción de viviendas y la evacuación de vecinos. Se critica la falta de aplicación de la ley de expropiación sancionada en 2014, que preveía la adquisición de 324 inmuebles en riesgo.
La ley, según se explica, contemplaba que los costos de expropiación recayeran sobre el municipio, lo cual se considera inviable económicamente. Esta situación ha llevado a que las casas se caigan o sean demolidas, dejando a los habitantes sin hogar y sin indemnización.
Se vincula la problemática con la gestión de Juan Pablo de Jesús, ex intendente y actual funcionario, investigado como presunto testaferro de Martín Insaurralde. Se sugiere que durante la gestión de De Jesús se habrían permitido negocios inmobiliarios perjudiciales, como la remoción de médanos, que agravaron el problema de erosión costera.
Además, se menciona la lujosa mansión de Juan Pablo de Jesús en Costa del Este, valuada en un millón y medio de dólares, y se cuestiona el origen de su patrimonio, que creció exponencialmente. La investigación también abarca a Eber Russo y Priscila Ferrante, vinculados a negocios ilícitos y presuntamente a Insaurralde.