Se denuncia la posible complicidad en el desmantelamiento del programa nuclear argentino, con la expulsión de gremialistas y la persecución a quienes denuncian la situación.
Se señala que Atucha, la central nuclear más rentable, financia en gran parte a la CONEA, y que el desfinanciamiento de esta última busca favorecer la compra de proyectos de Estados Unidos. Esta estrategia se remonta a 2017, con el inicio de la intervención del FMI, que según los denunciantes, ha bloqueado proyectos nucleares.
Se menciona el abandono de la planta de agua pesada en Arroyito, Neuquén, líder mundial en su tipo, como un claro ejemplo de la política de desmantelamiento, supuestamente impulsada por Estados Unidos.