Se cuestiona la lógica de construir gasoductos con fondos públicos que no serán utilizados directamente por los ciudadanos. Se argumenta que si la obra pública se detiene, es difícil justificar la inversión en infraestructura que no genera un beneficio directo.
Se critica la gestión de los recursos energéticos y se señala la ineficiencia en la planificación y ejecución de proyectos. Se insiste en que las decisiones deben basarse en el sentido común y en las necesidades reales de la población.