La situación en Venezuela tras los recientes terremotos es crítica. Más de una semana después de los sismos, la respuesta estatal ha sido calificada como lenta por familiares de los desaparecidos, quienes reclaman falta de maquinaria, hidratación y alimentos.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, enfrenta un panorama complejo. Un estudio de opinión revela un 25% de aprobación y un 58% de desaprobación, evidenciando la pérdida de popularidad a raíz de la gestión de la catástrofe. La cifra de desaparecidos, según Naciones Unidas, podría alcanzar las 50.000 personas.
Agrupaciones de la sociedad civil han solicitado a Rodríguez la derogación de la ley anti-ONG, argumentando que dificulta el acceso a la ayuda humanitaria. Estas organizaciones buscan facilitar el apoyo a las víctimas, especialmente a niños, ancianos y heridos, mientras que la restricción de acceso a zonas como La Guaira complica aún más la situación.
A pesar de la tragedia, la esperanza de rescate se mantiene viva, con acciones de organismos internacionales y voluntarios. Sin embargo, la falta de gasoil para la maquinaria y la interrupción de la cadena de distribución de alimentos agravan la crisis. La señal de internet en las zonas afectadas también representa un desafío para la transmisión de información.