Se cuestiona la falta de controles y el marco legal precario en materia ambiental en Argentina, lo que favorece la ilegalidad.
Se critica la habilitación de la caza deportiva en la provincia de Entre Ríos sin estudios previos ni capacidad de control, delegando la responsabilidad en los cazadores, muchos de los cuales no son argentinos y desconocen las especies locales.
Se advierte sobre el impacto de las municiones de plomo en los ambientes acuáticos, hipotecando el recurso hídrico, y se compara con la situación en Inglaterra, donde la caza deportiva ha afectado el acceso al agua potable.