Las negociaciones entre Florencia Peña y la productora Luzu por una indemnización millonaria no prosperaron, llevando el caso a la instancia judicial. La actriz, representada por Fernando Burlando y otros abogados, reclama una suma considerable por daños y perjuicios tras su desvinculación del programa que conducía.
La cifra reclamada, que según declaraciones de Barbie Franco y el propio Burlando ascendería a 750 millones de pesos argentinos, supera la estimación inicial de 200 millones. Esta suma incluiría el cumplimiento del contrato hasta fin de año, acuerdos publicitarios y una compensación por el daño a la imagen de Peña, aspecto crucial dado que vive de su exposición mediática.
Se debate la dificultad de mensurar el daño a la imagen y el impacto emocional que la situación pudo haber generado en Florencia Peña. Mientras la productora podría argumentar que el error fue propio de la actriz, la defensa busca demostrar el perjuicio económico y moral sufrido, lo que podría resultar en un fallo favorable para la conductora.