La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense, revocando una medida impulsada por el gobierno de Donald Trump.
Adicionalmente, un tribunal de apelaciones restringió la capacidad del gobierno para detener obligatoriamente a miles de inmigrantes durante sus procesos de deportación, calificando dicha práctica como ilegal.
Estas decisiones judiciales limitan las políticas migratorias restrictivas de la administración Trump, obligando al gobierno a buscar nuevos mecanismos para gestionar los procedimientos de deportación sin recurrir a la detención masiva.