Se debate la reactivación de la causa que involucra a Priscila Ferrante, sobrina de Jessica Sirio, y su presunta conexión con facturación apócrifa.
Se cuestiona la lentitud de la justicia en casos de corrupción, mencionando que la causa de Insaurralde estuvo paralizada por tres años y que la presión mediática fue clave para su avance.
Se enfatiza la necesidad de leyes de extinción de dominio y protección de testigos para combatir la corrupción de manera efectiva, permitiendo al Estado recuperar bienes de origen ilícito mientras se investigan los casos.