Manuel Adorni enfrenta acusaciones por presunto uso indebido de tarjetas de crédito corporativas, acumulando gastos millonarios que superan sus ingresos como funcionario. Se menciona que su ex secretaria, Gisela Coxis, declaró haber realizado compras a pedido de Adorni, incluyendo un lavavajillas y almohadas por un valor de 3.5 millones de pesos, pagadas en efectivo.
La investigación judicial abarca un total de 139 millones de pesos gastados en tarjetas de crédito por Adorni desde que asumió. Estos gastos contrastan fuertemente con su salario, generando dudas sobre la legalidad de las operaciones. La situación se agrava con testimonios de otros funcionarios que declaran haber realizado compras similares a pedido, utilizando la misma operatoria de pago en efectivo para ocultar el destino real del dinero.
A pesar de las pruebas acumuladas, Adorni parece mantener el respaldo del gobierno, evidenciado en gestos de cercanía con figuras como Javier Milei y Santilli. Esta aparente protección genera desconfianza sobre la imparcialidad de las decisiones gubernamentales y la disposición a asumir errores. La defensa de Adorni se centra en la supuesta falta de registro de las compras, pero la justicia avanza con peritajes psicológicos y la acumulación de pruebas que complican su situación.