Se defiende la postura del gobierno de Javier Milei en la lucha contra la corrupción, argumentando que la desregulación de mercados es una forma de combatirla.
Se diferencia esta estrategia de una política de transparencia institucional, y se afirma que el presidente actuará contra cualquier miembro de su gobierno implicado en corrupción confirmada judicialmente.
Se critica la idea de que la mera sugerencia periodística o política de un caso de corrupción sea suficiente para destituir a alguien, ya que esto podría llevar a la remoción de muchas personas.