Se plantea la duda sobre si los funcionarios públicos, que oficialmente cobran un sueldo de 3 millones de pesos, tienen un nivel de vida que no pueden justificar con sus ingresos. El caso Adorni, con el uso de tarjetas de crédito para gastos que no se condicen con su salario, es un ejemplo de esta preocupación.
Se sugiere que no solo los funcionarios de Adorni, sino también otros, podrían estar recibiendo beneficios adicionales o utilizando tarjetas corporativas de manera indebida. La falta de transparencia y la precariedad institucional en el gobierno son temas que surgen a raíz de estas situaciones.