Se denunció que durante la gestión de Insaurralde no se investigó la recaudación ilegal proveniente de 12.000 puestos de trabajo en la vía pública, muchos de ellos en ferias como El Preo de la Salada, Ocean y Punta Mogote.
Los fiscales que investigaron la causa durante el gobierno de María Eugenia Vidal fueron apartados y sufrieron persecución, impidiendo que la investigación llegara a Insaurralde.