Se denuncia que el gobierno venezolano estaría implementando "políticas de Estado" para frenar la ayuda humanitaria tras el terremoto, como lo evidencia la retención de siete camiones con recursos destinados a la Universidad Central de Venezuela. Estos camiones, cargados con material sanitario y alimentos no perecederos, habrían desaparecido o sido robados tras ser administrados por el gobierno.
Esta acción genera repudio y cuestionamientos sobre las razones detrás de obstaculizar la llegada de ayuda a personas en plena tragedia. La falta de explicaciones lógicas y la presunta negligencia o corrupción en la gestión de los recursos complican aún más la situación de los damnificados.