Se detallan los últimos audios de Manuel Adorni intentando contactar a Matías Tabar, contratista, antes de su declaración judicial. A pesar de la insistencia de Adorni, Tabar finalmente le escribe indicando que no es conveniente que lo llame, ya que lo compromete.
Se plantea la posibilidad de que Adorni enfrente una prisión preventiva por obstrucción a la justicia, basándose en la doctrina Irursum. La presión ejercida sobre un testigo mientras aún era jefe de gabinete, y no como exfuncionario, agravaría la situación.
Se menciona la necesidad de que los audios sean probados como reales para ser admitidos en la causa. La trascendencia de estos audios por parte del fiscal podría ser una advertencia sobre las implicaciones legales de apretar testigos.