Se contrasta la voluntad política del gobierno para bajar la inflación y lograr el equilibrio fiscal con una profunda preocupación por la situación institucional y la actuación de los jueces, quienes son señalados como garantes de la impunidad en medio de escándalos de corrupción.
Se critica al juez Lijo, propuesto por el gobierno para la Corte Suprema, por viajar al Gafi en medio de una investigación, lo que motivó un pedido de juicio político. Se cuestiona la efectividad de los códigos de ética y las reglas aplicadas por el Consejo de la Magistratura, al considerarlos `papel picado`.