Se argumenta que la gestión de la crisis del terremoto en Venezuela tiene una innegable dimensión política, debido a la inacción y la falta de capacidad del Estado para responder a la emergencia.
Se critica que la corrupción y el desmantelamiento de recursos han dejado al Estado en una posición precaria, obligando a la sociedad civil a tomar el protagonismo en las labores de rescate y asistencia.
Se subraya que la falta de políticas de Estado para la gestión de crisis y la asignación de fondos públicos son aspectos políticos que deben ser abordados, a pesar de la tragedia.