España atraviesa un momento político de alta tensión ocho años después del gobierno de Pedro Sánchez, quien se presentó ante el Congreso para defenderse de acusaciones que rodean a su entorno más cercano.
La crisis se detonó con la condena a 24 años de prisión a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y mano derecha de Sánchez, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo, incluyendo sobornos por la compra de mascarillas durante la pandemia. La pena es la más larga impuesta a un ministro español.
Ábalos no es el único implicado; más de una docena de personas del círculo de Sánchez están bajo investigación por corrupción. Entre ellos, su hermano David Sánchez (tráfico de influencias), su esposa Begoña Gómez (investigada por tráfico de influencias y con prohibición de salir del país), y el exministro José Luis Rodríguez Zapatero (investigado por presunta influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra).
Sánchez, a pesar de la presión y una oposición conservadora envalentonada, afirmó respetar las sentencias pero negar responsabilidad personal. Aseguró que su esposa no recibió pago alguno por su trabajo en la Universidad Complutense y que no se irá antes de tiempo, negando un adelanto electoral. La oposición, aunque dura en sus críticas, no cuenta con los votos suficientes para una moción de censura.