Se critica duramente la ausencia y la incapacidad del Estado venezolano para gestionar la crisis humanitaria desatada por el terremoto, señalando que la falta de recursos y la corrupción han impedido una respuesta adecuada.
Se pone de manifiesto que la solidaridad ciudadana y el voluntariado han tenido que suplir las carencias del Estado, evidenciando su desmantelamiento y la falta de políticas de gestión de riesgos.
Se cuestiona la priorización de intereses económicos sobre el bienestar del pueblo, lo que ha llevado a una situación de vulnerabilidad extrema ante catástrofes naturales.