La controversial ley aprobada en Perú, impulsada por Fuerza Popular (partido de Keiko Fujimori), que permitiría juzgar a policías y militares en tribunales castrenses, genera incertidumbre sobre su aprobación final. El presidente saliente, José María Balcázar, tiene la decisión en sus manos, pero organizaciones internacionales ejercen presión para que no la firme.
El politólogo Bruno Rivas explica que Balcázar, considerado un "presidente de paso", podría optar por no firmar la ley, dejándole la responsabilidad a Fujimori. De entrar en vigor, la norma podría detener juicios relacionados con violaciones a los derechos humanos de la década del 90, como asesinatos de periodistas y matanzas, y reubicarlos en fueros militares, emulando prácticas del fujimorismo.