Se cuestiona la practica del presidente Milei de monetizar su cargo a traves de viajes oficiales que incluyen actividades privadas y promocion de entidades. Se argumenta que esto genera un valor economico para terceros y deberia ser investigado.
Los viajes presidenciales, financiados con fondos publicos, tendrian una mayoria de actividades no oficiales, como la promocion de cursos de verano en universidades privadas o reuniones con empresarios. Se compara esta situacion con la de otros funcionarios que habrian incurrido en irregularidades.
Se plantea que la promocion de actividades privadas por parte del presidente a traves de sus redes sociales podria constituir un delito. La naturalizacion de estas practicas y la falta de transparencia generan indignacion y desconfianza en la ciudadania.