La Corte Suprema de Justicia dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la ley de financiamiento universitario. Esta ley había sido objetada por el gobierno.
La decisión judicial se basa en que la no aplicación de la ley vulnera el derecho a aprender y enseñar, y que el cumplimiento de estas obligaciones no representa un detrimento para las arcas del Estado.
Cabe recordar que el gobierno había incumplido esta ley, aprobada previamente por el Congreso Nacional, y que el veto aplicado a la misma fue revertido.